El reciente anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la implementación de un shock regulatorio para acelerar las inversiones privadas en el 2025 es un punto destacado en la estrategia económica del Perú. La promesa de reducir los excesivos trámites y permisos que ralentizan la llegada de capitales al país es una medida necesaria y largamente esperada, cuyo éxito dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la capacidad de ejecución y de garantizar que la desregulación no implique una merma en los estándares de transparencia y sostenibilidad.La sobrecarga burocrática es un obstáculo reconocido por empresarios, analistas y el propio gobierno. Sectores clave como la minería han sido particularmente afectados, con proyectos demorados por trabas administrativas que afectan nuestra competitividad en la región. De acuerdo con algunos estudios, los tiempos de aprobación para proyectos mineros en el Perú pueden extenderse hasta por ocho años, mientras que en naciones vecinas tal proceso es significativamente más ágil. Esta realidad desalienta la inversión y frena el crecimiento económico.