Un caso escandalosamente emblemático --que pone a prueba la voluntad renovadora de las flamantes autoridades judiciales-- es el del Banco Central de Reserva y un grupo de ex trabajadores. Estos renunciaron en 1992 acogiéndose a un sistema de incentivos, pero solicitan no solo que se les reponga sino que se les reconozca un pago total cercano a S/. 60 millones por remuneraciones devengadas.¿En qué mundo estamos? La sucesión de hechos es realmente incongruente y revelaría un proceder irregular y hasta prevaricador de algunas instancias judiciales, sobre todo de la Cuarta Sala Civil. Ello ha llevado al BCR a plantear una apelación ante la Corte Suprema y ha ameritado también la correcta intervención de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA) para investigar el sospechoso fallo de dicha sala. El objetivo es determinar si hubo inconducta funcional en la tramitación de la acción de amparo que interpusieron los 32 ex funcionarios contra el BCR. ¿Cómo es posible que la Cuarta Sala Civil haya prácticamente reabierto el caso, luego de que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal Constitucional habían fallado en contra de esta reincorporación, que quedó como cosa juzgada? ¿Qué argumentos pueden haber primado para trastrocar tan burdamente la pirámide legal y, encima, contradecir la posición de instancias superiores máximas?No solo eso. La formación de la sala fue igualmente polémica y sui géneris, por decir lo menos. Destaca allí, negativamente, el nuevo presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero, quien presidía la Cuarta Sala Civil de Lima pero votó a favor de la demanda. Ello provocó discordia e hizo necesario convocar a otro magistrado para dirimir el caso y otro más, en calidad de vocal provisional, para dilucidar el empate.La Corte Suprema y la OCMA no pueden obviar estas circunstancias tan extrañas y sospechosas a la hora de evaluar el proceder de la Cuarta Sala Civil y actuar en consecuencia, tanto para investigar a profundidad como para eventualmente rectificar dicho fallo y sancionar a los responsables. A propósito, se trata de un caso más de presunto abuso de las acciones de amparo, cuya regulación se ha anunciado precisamente para evitar que algunos jueces perturben de manera tan letal el Estado de derecho.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /