Por Karla Gaviño Masías, especialista en gestión pública.La lucha contra las economías ilegales constituye un reto creciente para el Estado peruano. Según el informe, Indicadores para entender las economías ilegales en el Perú, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2024), se estima que estas actividades movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$ 7 mil millones, ocupando el 6to lugar entre los países con mayor criminalidad en Sudamérica conforme al Índice global de crimen organizado 2023.El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, encabezan las encuestas de percepción ciudadana como las economías ilegales que más afectan al país. La cantidad de comisarías resulta altamente insuficiente para hacerles frente. El informe evidencia que Madre de Dios y Ucayali, donde se tiene una fuerte presencia de estas actividades, solo tienen 12 y 15 comisarías, respectivamente.Las cadenas logísticas de las economías ilegales requieren de infraestructura para el transporte desde los centros de extracción, hacia los puntos de tratamiento y comercialización. Distintos estudios señalan la vinculación entre la infraestructura pública y la expansión de las economías ilegales.Recientemente, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - Perú publicó el informe ¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal? (2024), identificando cinco proyectos de infraestructura vial en Loreto y Ucayali, que podrían ampliar las oportunidades de conectividad para el abastecimiento de insumos a favor de cocaleras y a las cuencas donde operan mineros ilegales.
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