Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, había solicitado al Legislativo que cubriera los gastos de su defensa legal en la investigación que se le sigue por encabezar una presunta red de prostitución en esa entidad.El exfuncionario se habría amparado en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo, el cual establece "el derecho de los servidores del Congreso a contar, en casos promovidos por terceros, con asesoría profesional con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales e investigaciones policiales, por actos ejercidos durante sus funciones".Ante ello, y mediante un oficio del 24 de enero, la Dirección General de Administración del Parlamento desestimó esa solicitud al considerar que la investigación abierta en su contra no corresponde a "decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones".