Por María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.La inseguridad ha llegado a tal nivel que los propios delincuentes están exigiéndole a las autoridades tomar acción. Hace unos días, frente a la puerta principal del penal Castro Castro, se encontró una granada con una nota donde, hartos de quienes desde dentro del penal extorsionan y ordenan asesinatos, unos delincuentes amenazaban al instituto penitenciario con volar el penal si es que no controlaban la situación.Esta noticia podría generarnos gracia, pero lo cierto es que los peruanos estamos absolutamente desprotegidos frente a lo que está sucediendo en el país. El crimen organizado está afectando seriamente la vida de las personas y el desarrollo de los negocios más pequeños. Extorsionadores que demandan un pago por supuestamente brindar seguridad, con lo que se elevan los costos de hacer empresa, pero, además, están obligándolos a aceptar préstamos gota a gota y extorsionando a los analistas de las microfinancieras formales que atiendan estos negocios. El 50% de la cartera de microcréditos de Caja Arequipa está siendo afectada por la extorsión, mientras que los funcionarios de Caja Huancayo no pueden entrar a distritos de la periferia de Lima por las amenazas que reciben. Los transportistas, las peluquerías, las bodegas y hasta los comedores populares son víctimas de extorsión.La debilidad del Estado y la falta de voluntad política del Gobierno han hecho que el crimen organizado avance controlando territorios y atentando contra la seguridad de las personas y las empresas. Pese a que Pataz está en estado de emergencia y que tiene más de 300 policías y militares en la zona, hace unas semanas dinamitaron la décimo séptima torre de alta tensión. Y frente a la sede el Ministerio Público de Trujillo, al más puro estilo de Sendero Luminoso, estallaron un carro-bomba.