La juramentación del nuevo presidente de la Corte Suprema, doctor Francisco Távara, ha traído aires de renovación que, la ciudadanía espera, lleguen a plasmarse prontamente en cambios que le devuelvan prestigio a la administración de justicia peruana.Es sumamente importante destacar el compromiso asumido por Távara, a nombre del pleno de la Corte Suprema, "de llevar adelante una auténtica reforma judicial". Le tomamos la palabra, convencidos de que el giro sustantivo que necesita este poder del Estado necesita un liderazgo firme, dinámico, renovador y abierto a presentar y debatir las iniciativas requeridas. Esperemos que , en todo ello, siga contando con el apoyo de la sala plena.Debemos subrayar la presencia en la ceremonia del presidente Alan García junto con el jefe del Gabinete Jorge del Castillo y de la presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, cabezas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, preocupados por la reforma y obligados a apuntalarla. La reforma no puede ser hecha solo y exclusivamente por los jueces, aunque debe ser promovida por ellos. Por lo mismo, es una buena señal que Távara haya presentado 49 medidas para iniciar la reforma, algunas de las cuales son de orden interno y administrativo, pero otras deben concretarse en proyectos por ser trabajados con el Congreso.De entrada, es positivo que se haya planteado cambios en la Corte Suprema, no solo para que los magistrados participen más en los cambios legislativos necesarios, sino también para crear dos vicepresidencias de la Corte Suprema y acabar con la provisionalidad, aunque aún no se ha explicado los detalles de estos complejos cambios. Asimismo, es positivo el anuncio de crear una Dirección General de Reestructuración Judicial a cargo de un jurista representativo, que no debe inhibir a los magistrados supremos de involucrarse y asumir responsabilidad directa con los cambios.Posteriormente, el doctor Távara ha indicado que la Corte Suprema debe ser una corte de casación, lo que es una propuesta coherente para liberarla de la enorme carga procesal actual y limitarla a evaluar el proceso y sentar precedentes judiciales. Esta iniciativa, por ejemplo, debe convertirse en un puntal de las reformas que tendrá que ver el Congreso.Sobre la lucha contra la corrupción hay medidas innovadoras: crear una Unidad de Inteligencia y otra de Auditoría Patrimonial, así como levantar el secreto bancario. Todo dependerá finalmente de la voluntad de la Corte Suprema y de las personas a las que se les encargue estas unidades, que deben contar con todos los recursos logísticos en su labor.Un tema especialmente sensible, que fue enfatizado por el presidente García, es el del abuso de las acciones de amparo, convertidas en un mercado negro de la corrupción que amenaza el Estado de derecho. Al respecto, la propuesta de Távara es que cada juez, al recibir una demanda de amparo o de hábeas corpus, informe inmediatamente a la presidencia de su corte, que debe mantener una actitud de seguimiento permanente y objetiva. Esto es saludable, aunque hubiera sido mejor una actitud más firme para plantear la destitución de esos malos jueces. Para ello tiene que fortalecerse la inspectoría general del PJ, de modo que se destierre el nefasto espíritu de cuerpo. Hay dos casos emblemáticos que no pueden repetirse más: el caso del BCR, por el cual algunos jueces han acogido recursos de ex trabajadores que fueron indemnizados y reclaman reposición, lo que debe investigarse y eventualmente sancionarse; y luego la sobrepoblación de penales que es producto principalmente de la tardanza judicial en procesar y dar sentencias firmes y oportunas. Corrupción y lenidad deben dejar de caracterizar al PJ. Varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen origen también en negligencia o irresponsabilidad de ciertos jueces.Otras medidas que apuntan a promover la celeridad y eficacia, hoy en niveles preocupantes, son la revisión del sistema de tasas, el programa de celeridad procesal, la racionalización de la distribución de juzgados y salas, y el fortalecimiento de la justicia de paz. Todo ello debe ser estudiado más a fondo.Igualmente saludables son las iniciativas para agilizar el sistema de notificaciones y establecer la distribución aleatoria de expedientes, así como repotenciar el portal web para que la transparencia sea la norma y no la excepción. El secretismo, en este y otros ámbitos, solo alimenta la corrupción.En cuanto a la modernización de la gestión del despacho judicial es un cambio administrativo urgente y necesario para dar comodidad al litigante que no puede acudir a despachos repletos de expedientes viejos y malolientes.Claro que se necesita mayor apoyo presupuestal, lo que debe ser posible cuando se vayan mostrando resultados, en lo que debe ser cada vez más un presupuesto por gestión y resultados.Se trata, pues, de medidas importantes y proactivas que, bien manejadas y trabajadas, podrían ser el inicio de la reforma cualitativa que el pueblo ex