Durante la mesa técnica que organizó la Comisión de Justicia y D D. H H. del Congreso -controlada por Perú Libre, partido del prófugo Vladimir Cerrón-, la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se mostraron en contra de las observaciones planteadas por el Ejecutivo a la autógrafa que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.Por ejemplo, Wilbert Espino -asesor de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza- afirmó que la posición del Ministerio Público (MP) es que se retorne a la fórmula original del artículo 261 del Código Procesal Penal. Es decir, que baste con que existan razones plausibles de fuga u obstaculización para que un juez pueda dictar detención preliminar para un imputado por un delito, cuya pena sea superior a los cuatro años.Espino remarcó que no es cierto que "no exista ningún tipo de control" por parte del Poder Judicial (P J) antes de otorgar una detención preliminar y recordó que, durante las diligencias preliminares, todo imputado tiene el derecho a contar con un defensor legal.