En lo que va del año, una serie de atentados con explosivos ha puesto a La Libertad en el centro de las noticias. Primero, dos torres de alta tensión que abastecían de energía a la minera Poderosa en Pataz fueron dinamitadas por mineros ilegales, y el último lunes delincuentes detonaron explosivos en dos puntos diferentes de Trujillo: frente a la sede del Ministerio Público y en los exteriores de una vivienda.Ante estos ataques, los cuestionamientos se han concentrado en el Gobierno y, específicamente, en el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al que muchos han empezado a recordarle su promesa de dar un paso al costado si su estrategia contra el crimen no rendía frutos (como es evidente).Pero existe otro actor que, pese a que los atentados han tenido lugar en la región que gobierna desde el 2023, ha tratado de eludir cualquier responsabilidad y ha optado, en su lugar, por echarle la culpa al Ejecutivo y recurrir al populismo de manual. Desde el lunes, en efecto, César Acuña ha formulado una serie de declaraciones (que van desde pedir la cadena perpetua para quienes porten armas de manera ilegal hasta afirmar que saldrá a patrullar las calles con la policía) que apuntan a generar la percepción de un líder genuinamente preocupado por la seguridad de sus ciudadanos. La realidad sugiere que ha sido, más bien, una autoridad ausente.