La Municipalidad de Miraflores aprobó una ordenanza destinada a fortalecer el control de las obras privadas en su jurisdicción. Entre sus disposiciones, se estableció la posibilidad de revisar los informes técnicos emitidos por revisores urbanos y suspender licencias de edificación cuando se detectaran irregularidades.Esta medida buscaba garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y prevenir posibles infracciones. Sin embargo, estas disposiciones generaron preocupaciones sobre su impacto en la seguridad jurídica y su posible conflicto con las competencias establecidas por la legislación nacional.El Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia, analizó tres artículos de la ordenanza. En uno, se concluyó que la fiscalización posterior del 100% de los informes técnicos era válida, siempre que se justifique conforme a las excepciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General.Sobre otro, determinó que la municipalidad podía solicitar la nulidad de los informes al MVCS, pero no tenía la facultad de suspender licencias ni anularlas de forma autónoma.Finalmente, sobre un tercero, se estableció que la suspensión de obras solo puede realizarse en casos excepcionales, como riesgos para la seguridad, siguiendo procedimientos claramente establecidos.
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