La aprobación de una ley que permite que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional perciban su sueldo y pensión del Estado de forma simultánea y "sin ninguna restricción ni límite del monto", medida que beneficia también a algunos parlamentarios, ha merecido una denuncia constitucional de parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra los legisladores que dieron luz verde a la medida, bajo el supuesto de que habrían incurrido en el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Perú21 consultó con expertos sobre los alcances de la denuncia. El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó que la norma en cuestión vulnera dos principios constitucionales: el que establece que las leyes no se pueden dictar por razón de las personas sino únicamente por la naturaleza de las cosas, y el principio de igualdad de trato en materia salarial y pensionaria. "Hay un claro conflicto de interés entre los congresistas que votaron para favorecerse ellos mismos", indicó.Una posición totalmente opuesta tiene el expresidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola, quien opinó que Espinoza ha incurrido en un "excesivo activismo al plantear una denuncia que no tiene asidero constitucional".