El ataque con dinamita a la sede de Trujillo del Ministerio Público ha dejado en una situación delicada al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A las críticas de un sector del Congreso se suman las del empresariado, que advirtió que el crimen organizado "ha alcanzado niveles extremos y que urge que el gobierno lo enfrente con firmeza".El colectivo PAS (País Seguro) -que agrupa a 35 gremios y asociaciones de la sociedad civil, entre ellos Confiep y Transparencia- exhortó al gobierno y al Congreso "a trabajar para no debilitar las normas que permiten combatir el crimen organizado". Y, además, a fortalecer las funciones de la administración de justicia y de la policía. "No debemos permitir que el terror vuelva a ensombrecer el futuro de todos", comunicó.El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Tore, recordó que el 27 de setiembre pasado el ministro del Interior manifestó su disposición a renunciar al cargo si la medida de estado de emergencia no tuviera "buenos resultados"."En el 2024 se han registrado 2.126 homicidios, representando un incremento del 27% respecto del 2023. Y en lo que va del 2025, se han reportado, al menos, 106 asesinatos", manifestó. "El visible aumento de la violencia demuestra que el estado de emergencia no ha cumplido con su objetivo principal. En consecuencia, el ministro Santivañez debe cumplir su palabra", agregó.
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