Por Carlos Paredes, socio de Intelfin y docente de la Universidad Continental.Petroperú está a la deriva hace mucho tiempo. Lo sucedido el año pasado es un capítulo más en el costoso declive institucional de la empresa estatal. En febrero, el ministro de Energía y Minas (Oscar Vera, entonces funcionario con licencia de Petroperú muy cercano a su dirigencia sindical) y el presidente del directorio fueron removidos. En marzo, el Gobierno nombró a un nuevo directorio. A los pocos meses, ante la crítica situación de la empresa, el directorio Stark planteó al Gobierno cambiar la gobernanza y gestión de Petroperú con la participación y apoyo de una empresa reestructuradora de talla internacional, además de fortalecerla financieramente con nuevos aportes de capital. El directorio Stark se vio forzado a renunciar y, con una empresa descabezada, el Gobierno publicó un D.U. para realizar nuevos aportes de capital y préstamos por un monto total cercano a los S/ 10,000 millones. A pesar de que la norma hacía referencia explícita a que debía contratarse una empresa reestructuradora, el Gobierno nombró a Alejandro Narváez como nuevo presidente de directorio, quien ya había hecho público su desacuerdo con la contratación de una empresa reestructuradora. En la primera sesión del nuevo directorio, Narváez puso en la gerencia general al señor Vera. Así, a pesar de las indecisiones, de las idas y venidas, terminamos con "más de lo mismo".
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