En la madrugada de ayer, delincuentes detonaron un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, La Libertad. El acto es una señal de lo fuertes y seguros que se sienten los criminales en ese lugar, azotado permanentemente por la violencia intimidatoria de extorsionadores y sicarios. De hecho, la explosión puede ser interpretada como una advertencia a la fiscalía de no continuar con las investigaciones a los perpetradores de tales fechorías y marca, al mismo tiempo, un punto crítico en la curva ascendente de atentados y asesinatos que hemos tenido en el país desde que empezó el año. Casi 100 muertes por estas razones en 20 días constituyen una cifra inaudita y escalofriante.El Gobierno, sin embargo, daría la impresión de haber capitulado frente a este problema. Particularmente, el sector Interior, cuyo titular, Juan José Santiváñez, no solo es objeto de investigaciones que trata de esquivar, sino que también se muestra incapaz de esbozar una idea válida para frenar el avance de la criminalidad en el territorio nacional. Desvirtuados sus afanes por impresionar a la opinión pública con las declaraciones de emergencia o las visitas retóricas al tema de la pena de muerte, ya no parece quedarle ninguna munición que gastar en este esfuerzo.