Desde que se denunció la presunta existencia de una red de prostitución en el Congreso de la República, un sector del Parlamento intenta desviar la atención del caso.Este propósito se refleja en acciones como la difusión, por parte de personal del Legislativo, de un documento supuestamente complementario a los informes de necropsia médico legal de Andrea Vidal y del taxista José Vargas, el que concluiría que la extrabajadora del Congreso e involucrada en la mencionada red no era el blanco del ataque de sicarios, sino el chofer. Debido a que dicho documento, sin sellos, firmas o membretes, no tuvo el impacto que se esperaba, desde el Parlamento se optó por otro camino: atacar al legislador Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y quien tiene a su cargo la pesquisa respectiva. ¿De qué forma? Pues, de acuerdo con información que Correo también recibió de personal del Congreso, se buscó imponer la idea de que existe un conflicto de interés en el congresista de Podemos Perú para hacerse cargo de la investigación.