Por Santiago Pedraglio, sociólogo.¿Debe sorprendernos que un número importante de congresistas, alcaldes provinciales o distritales y gobernadores regionales tengan vínculos con trabajadores, empresarios o, en resumen, economías informales? ¿De qué otra forma podría ser, cuando en el país "tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban en un empleo informal (74%)"? (INEI, 2023).¿Pretendemos que del minoritario porcentaje de formales -trabajadores, negociantes o empresarios- surjan los representantes políticos de los tres niveles del Estado? La idea que subyace a ese deseo resulta ingenua. Pretender que esa representación -elegida, además, por voto universal- surja en su mayor parte de la "formalidad" es algo que está fuera de la realidad.El problema que se plantea -por la tendencia a la desinstitucionalización del Estado, entre otros notorios riesgos- no es fácil de resolver. Sin embargo, una consideración primera y básica es tener la voluntad de encararlo y no cometer el error de identificar informalidad con ilegalidad. Si hacemos eso, un problema ya complicado se convertirá en uno peor.