Por Jaime de Althaus, analista político.La justicia empieza a reconocer, sin decirlo explícitamente, que los procesos contra políticos y empresarios por hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña, fueron casos de persecución política. Ha anulado el juicio oral del Caso Cocteles porque en la acusación se incluyó de manera sorpresiva hechos que no fueron objeto de investigación preliminar, sin que los acusados pudieran defenderse.Ya el reconocido penalista Arsenio Oré había descrito en un libro titulado "La desnaturalización de la etapa intermedia y la inviabilidad del juicio oral" las fallas estructurales del proceso. En esencia, que la acusación planteada por José Domingo Pérez es genérica, no precisa qué hechos se atribuyen a cada imputado en lo relativo a los supuestos delitos centrales, de modo que el acusado no puede defenderse pues no sabe de qué lo acusan.Más aun, cuando individualiza, lo hace con hechos inventados o irrelevantes o manipulados, y finalmente cambiados varias veces conforme eran refutados. Ha sido un juicio al mejor estilo de la fiscalía y el Poder Judicial bolivariano, donde se inventan delitos para meter a los opositores a la cárcel.(Edición sábado).