Por Sandra Belaunde.El rescate de los 17 mineros atrapados en un socavón en Pataz, La Libertad, nos deja con sentimientos encontrados. Por un lado, celebramos que hayan salido con vida y sin heridos. Por otro, el contexto de este incidente expone, una vez más, las profundas fallas en nuestras políticas públicas y legislativas en torno a la minería ilegal. Desde hace más de un año, varias regiones del país, incluida La Libertad, están bajo estado de emergencia debido a la violencia ligada a actividades ilegales. Sin embargo, esta medida, pensada para controlar situaciones críticas, ha demostrado ser ineficaz. Los atentados contra la infraestructura, el control territorial de grupos criminales y los conflictos sociales no solo persisten, sino que se han intensificado. Es evidente que el estado de emergencia no está resolviendo las causas estructurales del problema. Una de esas causas es el mal manejo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Diseñado para registrar a los mineros en proceso de formalización, el Reinfo ha terminado legitimando la ilegalidad. Muchos inscritos operan al margen de la ley, beneficiándose de un sistema que otorga apariencia de legalidad sin exigir el cumplimiento de condiciones básicas. Este es un ejemplo claro de cómo una política mal implementada agrava el problema que pretende resolver. El Congreso tiene la responsabilidad principal. El Ejecutivo también debe rendir cuentas por no haber observado la última ampliación del Reinfo, permitiendo así su implementación. La ampliación reiterada de los plazos del Reinfo responde a intereses sectoriales, perpetuando la ilegalidad en lugar de combatirla. Este tipo de legislación evidencia una falta de voluntad política para abordar la problemática de manera integral, priorizando soluciones temporales que solo posponen el conflicto. (Edición sábado).