Las decisiones de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros los vienen exponiendo cada vez más y evidenciando que más que gobernar para el país, lo hacen para sus propios intereses.Lo más reciente es la controversia en torno a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, que ha sido un mecanismo eficaz para acorralar a bandas criminales. Diversas acciones sugieren que la mandataria y su círculo habrían buscado obstaculizar la justicia y favorecer a los implicados de casos que los comprometen, como Qali Warma y Los Waykis en la Sombra.