Por Alfonso Bustamante Canny.El crecimiento económico es una aspiración compartida, pero su vínculo con el bienestar social no siempre se percibe con claridad. Esta desconexión se debe, en parte, a factores como la desigualdad en el acceso a educación, las diferencias en capacidades individuales y el esfuerzo personal. Sin embargo, el mayor desafío radica en la velocidad del crecimiento económico y su impacto tangible en la población. Cuando el PBI crece entre el 1% y el 3.5% anualmente, es probable que la mayoría de las personas no sientan mejoras en su calidad de vida. Por el contrario, un crecimiento superior al 5% genera un círculo virtuoso: más empleos, mayor consumo y una dinámica económica que impulsa el desarrollo. La inversión pública, que representa cerca del 25% de la inversión total, desempeña un rol crucial en este proceso. Está destinada a satisfacer necesidades básicas como infraestructura y servicios esenciales, cuya ausencia es percibida inmediatamente como una carencia de bienestar. Si el crecimiento económico no se traduce en mejoras concretas, la población pierde confianza en su capacidad para generar prosperidad. En este espacio hemos insistido en la importancia de mejorar la eficiencia del gasto estatal. Organismos como Confiep han propuesto soluciones para desarrollar inversiones públicas íntegras y eficientes, destacando el éxito del mecanismo de obras por impuestos, que ha permitido acelerar proyectos de infraestructura en beneficio directo de la población.