Al filo de la medianoche del último lunes y a poco de que venza el plazo legal que tenía, el gobierno de Dina Boluarte presentó una serie de observaciones a la autógrafa del Congreso que restablecía la detención preliminar en casos de no flagrancia. De acuerdo con expertos consultados, la propuesta limita el uso de esa figura coercitiva.El texto excluye a los delitos de corrupción de funcionarios para aplicar la detención preliminar, y plantea la medida solo para 10 ilícitos: feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión,organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.Con base en un informe de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, el gobierno también sugiere al Congreso que el citado mecanismo solo pueda ser aplicado cuando el delito imputado sea sancionado con más de ocho años de prisión. Esto dejaría fuera a la minería ilegal, la contaminación ambiental, el tráfico ilícito de migrantes y el financiamiento prohibido de organizaciones políticas, entre otros.Juan Jiménez Mayor, ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia, consideró que las observaciones planteadas por el Ejecutivo "buscan la impunidad" y plantean un retiro de herramientas a los operadores de justicia. Asimismo, aseveró que la gestión de Boluarte ha decidido "legislar a favor de los intereses particulares de ciertas personas" y "proteger" a determinados funcionarios.