José Mogrovejo, vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run Perú, explicó a Correo que la disminución de los precios de los metales de 1999 afectó la capacidad económica de su operación en La Oroya para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el 2006, razón por la cual es necesario ampliar el plazo hasta el 2011.Cuando Doe Run compró en 1997 la mina de La Oroya, se comprometió a cumplir un plan ambiental por US$107 millones, monto que luego de ser reevaluado llegó a US$226 millones.Respecto de la prepublicación del decreto supremo que de acuerdo con las críticas beneficia a Doe Run, Mogrovejo mostró su desacuerdo con esta postura y dijo que los mineros no están de acuerdo con que la autoridad ambiental sean los gobiernos regionales (GR) y no el Ministerio de Energía y Minas."Es inconveniente, porque en este tipo de problemas ambientales es necesario una evaluación ambiental, de salud y hasta económica, para poder tener la certeza de que el proyecto generará una solución. No se deben modificar las reglas de juego así no más. La autoridad debe tenerla y mantenerla el MEM", refirió.