El crecimiento exponencial del precio del oro está incentivando el ingenio de la minería ilegal para acceder a más territorios mineralizados, torciendo la ley en su favor.Es el caso de la Consulta Previa, mecanismo que busca proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero que está siendo usurpado por "grupos de interés" que lo utilizan para su propio beneficio."Se trata de mineros ilegales que están detrás de los territorios ricos en recursos minerales y que emplean en su favor los argumentos de la ley porque, lo que menos quieren, es que una empresa formal ingrese", apunta Patricia Balbuena, exministra de Cultura.El objetivo, explica, es apoderarse de dichos territorios porque, una vez que los ocupan, "ni siquiera el Estado es capaz de entrar".(Edición domingo).