A pesar de que en la víspera el mismo canciller José Antonio García Belaunde lo anunció, ayer el Consejo de Ministros no tuvo tiempo de evaluar el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los familiares de las víctimas de la matanza en el penal Castro Castro, en 1992.La sentencia establece indemnizar a los deudos y desagraviarlos en una ceremonia pública, por considerar que se violaron sus derechos, a pesar de que estaban presos por terrorismo. Sin embargo, el presidente Alan García la cuestionó. Así las cosas, el Estado Peruano baraja la posibilidad de expresar su disconformidad con el veredicto y pedir, como lo dijo el mismo canciller, aclaraciones, precisiones o rectificaciones.Sobre esto último El Comercio conversó con el magistrado Fernando Vidal Ramírez, representante del Perú en dicho organismo supranacional. Él fue juez en el caso de La Cantuta. "Mi presunción es que si la sentencia ha ordenado una indemnización es porque probablemente no se ha probado que los reos que fueron victimados en el penal Castro Castro tenían filiación terrorista".Vidal duda que la corte haya emitido una sentencia en ese sentido, por lo que asegura que el proceso no ha concluido. Sobre la decisión que evalúa el Gobierno de plantear un recurso de interpretación de la sentencia, indicó que eso está previsto en las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos."Hay un plazo de 90 días (para presentar este recurso). La corte tendrá que emitir una nueva sentencia, interpretando su sentencia anterior, y recién allí quedaría concluido el proceso", precisó.