Por Jaime de Althaus, analista político.La ley que permite el aporte de empresas formales a los partidos políticos, aprobada por el Congreso, es clave para eliminar el monopolio que las economías ilegales tenían en el financiamiento de la política, y expandir el apoyo a partidos y candidatos comprometidos con el Estado de derecho que permitan recuperar el Congreso de las garras de las redes ilícitas. Las próximas elecciones generales, y luego las regionales y locales, serán una batalla entre el Perú legal y el Perú ilegal/criminal, en la que se jugará la viabilidad misma de la República y, por eso, las empresas y los ciudadanos tienen que entrar a la cancha realizando los aportes correspondientes.El problema es que la persecución judicial desatada por el equipo Lava Jato de la fiscalía amedrentó deliberadamente al empresariado. El Caso Briceño es de antología. Pero si los aportes, como requiere la ley, son transparentes o se hacen a través de una cuenta en el Banco de la Nación, el temor debería desaparecer.Por eso, esta ley es clave, además, para reconectar al empresariado con el destino nacional, con la política. El empresariado es un actor fundamental en el país. De él dependen el crecimiento, la generación de riqueza y la reducción de la pobreza.(Edición sábado).