La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una muy polémica sentencia que, al revivir las heridas de la barbarie terrorista, ha generado una ardua polémica nacional que no debe afectar nuestra capacidad como Estado, soberano y adherente a la Corte, para analizar el fondo y la forma del fallo y responderlo adecuadamente.Ante todo, reconocemos que fue un hito el retorno del Perú al seno de esta instancia internacional, de la que abruptamente se apartó el régimen fujimorista. Con el retorno de la democracia ya ha habido varios casos en que los gobiernos han tenido que asumir, en nombre del Estado Peruano, su responsabilidad por varios excesos cometidos. En principio es lo que debiera hacer ahora ante el fallo de la Corte de San José que ordena reparar a las víctimas y deudos de la matanza del penal Castro Castro sucedida en 1992.En términos generales, el Estado ha aceptado responsabilidad por no haber protegido la vida e integridad de ciudadanos bajo su custodia, principalmente por su vinculación con acciones terroristas, muchos aún sin sentencia, pero otros sí reconocidos subversivos. Por ello, resulta indignante que la corte ordene, de modo general, que se indemnice a todos y se realice un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" en desagravio a las víctimas; y que todos los declarados como víctimas fallecidas estén representados en el monumento El Ojo que Llora", levantado en homenaje a las víctimas del terror, que ahora aparecerían junto a algunos de sus presuntos verdugos, lo que es ilógico.Hay que tomar las cosas con calma. Esta sentencia de la corte debe ser seriamente evaluada por las autoridades para dar una respuesta conforme a derecho y a la dignidad del país. Lo urgente y sensato, según los especialistas, es solicitar a la corte una interpretación de la sentencia, adjuntando los elementos de prueba y sustento suficientes, y esperar 90 días por una sentencia interpretativa.Respetamos el derecho internacional y las reglas del Estado de derecho democrático, que es tan noble que permite ser agredido pero debe juzgar con la ley y no con la violencia recibida. Sin embargo, por lo mismo, exigimos que se actúe considerando la realidad y circunstancias de un país que fue desangrado por el terrorismo y necesita de sentencias justas y completas, pero también coherentes, para posibilitar su reconciliación y reconstrucción moral.