El año pasado, cuando se decretó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao, el ministro del Interior, Juan Jo sé Santiváñez, declaró que renunciaría si no daba resultados. La medida se aplicó en medio de una crisis por el incremento de casos de sicariato y extorsiones en la capital. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), del Ministerio de Salud (Minsa), el 2024 cerró con 2.011 homicidios reportados en todo el país, lo que representa un incremento de más del 34% respecto al 2023 (1.501 casos), pese al estado de emergencia.En los últimos días, Santiváñez intentó desestimar los registros del Minsa, argumentando en los medios que los datos de esa plataforma no son precisos, y que hay al menos diez homicidios no existentes en el sistema, presumiblemente registrados por personal policial.En tanto, el ministro de Salud, César Vásquez, respaldó ayer la confiabilidad de las cifras proporcionadas por el Sinadef y consideró que las declaraciones del titular del Interior deben ser sustentadas.