La investigación sobre la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso avanza en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, todo parece indicar que los funcionarios de la institución hacen de todo con el objetivo de ocultar información y no esclarecer los hechos. Además, existiría una estrategia para ocultar la responsabilidad del integrante de Alianza para el Progreso (APP) y expresidente del Parlamento, Alejandro Soto.Juan Burgos, presidente de la Comisión Fiscalización, informó durante la sesión de ayer que las tres integrantes de la Comisión Ad Hoc, conformada para investigar la existencia de la presunta red, renunciaron de manera irrevocable. Se trata de Natalia Escudero Rodríguez (profesional de la Dirección General Parlamentaria), Flor de María Tello (profesional de la Oficialía Mayor) y Patricia Durán Vásquez (especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones). Esta última incluso salió de vacaciones.En el documento refieren que no pueden continuar con el proceso administrativo disciplinario porque no hay descripción clara de las conductas imputadas, solo se usa un reportaje periodístico en la denuncia y no les corresponde evaluar el caso.