Durante los últimos años, el Congreso ha aprobado diversas leyes que, de acuerdo con más de una opinión, favorecen la impunidad e, incluso, al crimen organizado. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, arremetió precisamente contra el Parlamento, por las normas que -aseguró- afectan e interfieren la labor de la institución que dirige. Consideró que existe una campaña masiva de promulgación de leyes "arbitrarias e inconstitucionales" que atentan contra las funciones del Ministerio Público (MP). En su discurso por el inicio del Año Fiscal 2025, Espinoza Valenzuela sostuvo que el Legislativo aprobó leyes que, sin duda alguna, interfieren con la independencia de la labor fiscal, lo que compromete de manera grave la autonomía del Ministerio Público. En esa línea, resaltó que presentó -el último 20 de diciembre- dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC)."(Las demandas se interpusieron) en defensa de los principios que rigen nuestra labor y atribuciones que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz", recalcó. La primera de esas leyes es aquella que precisa que nadie puede ser procesado, condenado o sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de julio de 2002. Desde su punto de vista, la mencionada norma debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos graves.