Una reforma hecha por el Congreso puede retrasar el inicio de al menos dos juicios emblemáticos previstos para el 2025: el de Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022 y el de Susana Villarán por los aportes de Odebrecht a sus campañas cuando era alcaldesa de Lima.La reforma fue hecha en la Ley 32130. Se trata de una de las normas dadas por el actual Legislativo para modificar las reglas del sistema de administración de justicia, las cuales no fueron observa das por el gobierno de Dina Boluarte.Esa ley se debatió como una norma para "devolver" la investigación preliminar del delito ala policía. Sin embargo, también estableció que los autos de enjuiciamiento, los documentos con los que un juez ordena que un caso vaya a juicio, puedan ser apelados por los acusados.