El Congreso, decíamos hace una semana en este espacio, dedicó buena parte del 2024 a debilitar el sistema de justicia. En una instancia importante, sin embargo, enmendó su error: a mediados de diciembre, envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta había sido eliminada pese a la protesta del Ministerio Público. En la última corrección aprobada, basta que existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito con pena superior a cuatro años de prisión, e indicios de fuga u obstaculización, para aplicar la detención.Casi tres semanas después, no obstante, el Ejecutivo sigue sin promulgar la norma. Tampoco ha decidido observarla. Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que estaban "esperando recabar toda la información proveniente de los sectores concernidos que emitirán opinión" antes de tomar una decisión. Se saluda el afán de reflexión, pero en la medida en que se trata principalmente de una restitución y no de la introducción de una política inexplorada, no queda del todo claro cuál es el novedoso análisis que llevan semanas elaborando.