Los últimos días de diciembre la Comandancia General de la Policía Nacional envió un documento con una insólita orden que dejó sorprendidos a los agentes de inteligencia más experimentados de la institución: a partir de enero de 2025 más de 100 agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) debían de replegarse a la capital. Aquellos policías que se encontraban investigando el crimen organizado en diferentes regiones y provincias del país debían dejar sus pesquisas por una disposición inusual. Algunos creyeron que el llamado respondía a un operativo de importancia; sin embargo, cuando llegaron a la sede central de la Policía, en Lima, fueron asignados a otras dependencias; muchos de ellos, en cargos que no tienen que ver con la investigación, como la seguridad ciudadana o la policía comunitaria.Este hecho ha ocasionado que las bases de este equipo de investigación, a nivel nacional, queden casi vacías y las investigaciones a punto de ser devueltas a la Fiscalía. Solo por poner un ejemplo: en Chiclayo, cerca de 30 agentes fueron llamados a Lima y ahora solo quedan dos representantes de la Diviac, en cuyos hombros pesan todas las investigaciones de crimen organizado de la región.La dependencia que más preocupa es la ubicada en la región La Libertad, sede que ahora solo cuenta con un agente para sobrellevar toda la información referida a la minería ilegal, extorsiones y asesinatos que viene enfrentando dicha jurisdicción desde hace meses. El caso es grave, ya que no hablamos de simples investigaciones sobre incautaciones de material minero, sino de casos realmente fuertes que involucran a los criminales más ranqueados y violentos del país, que incluso están relacionados con el narcotráfico.