En medio de las investigaciones fiscales y congresales por cometer supuestos actos de corrupción, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte obstruyó la justicia en al menos ocho ocasiones, de acuerdo con una revisión realizada por Correo.Estos actos, basados en diversas decisiones y maniobras, reflejan un claro patrón que pone trabas a los esfuerzos de la Fiscalía -el persecutor del delito- y el Congreso en su intento por esclarecer casos claves que enrarecen la gestión presidencial.Con este tipo de acciones de la jefa de Estado, funcionarios y otros agentes quedaron al margen de colaborar con el Ministerio Público o la Comisión de Fiscalización del Congreso.Una de las conductas obstruccionistas más recientes de la mandataria o de su Gobierno es la designación de la policía Ruth Ligarda Castro, su escolta principal, como personal auxiliar en la Embajada de Perú en España.(Edición sábado).