Por Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía Minera Buenaventura.Luego de una serie de amenazas de mineros informales de bloquear las vías del país, el 27 de diciembre el gobierno promulgó la ampliación por 6 meses del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sistema que nació en el 2016 para formalizar a la pequeña minería y la minería artesanal, pero que lamentablemente se ha convertido en refugio de la minería ilegal. La norma establece la opción de que, al final de ese período, el Reinfo se extienda por otros 6 meses. Con esta decisión las autoridades han optado por evitar conflictos sociales inmediatos, pero es crucial reflexionar sobre su eficacia e impacto a largo plazo.El Reinfo ha demostrado ser ineficaz, con un enfoque rígido y burocrático que solo ha generado que unos 2.000 inscritos (de 87.000) lleguen a formalizarse a la fecha.Pero lo más preocupante es que ha sido utilizado como escudo para encubrir actividades de minería ilegal, una de las principales fuentes de criminalidad en el Perú, comparable al narcotráfico en términos de impacto social y económico negativos. La minería ilegal no solo es un motor de lavado de activos, también se vincula con el sicariato, la trata de personas y el daño ambiental.Para afrontar esta situación se requiere promover un reglamento facilitador de la formalización con un enfoque flexible y progresivo que simplifique trámites, se adapte a las realidades locales y ofrezca apoyo técnico y financiero, sin dejar de lado la labor supervisor a. Es crucial que se designe a una autoridad dedicada exclusivamente a la formalización económica en minería, respaldada por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.