Dicen que el pez por la boca muere, y esa frase se le aplicó a Marisol Pérez Tello, autora intelectual de las normas que Odebrecht (ahora Novonor) usó para gestionar que ahora el Perú le pague 1,200 millones de dólares (más de 4,500 millones de soles) por el caso Gasoducto del Sur Andino.Wilber Medina, abogado que sustentó el habeas data de Phillip Butters con el cual se publicó el acuerdo secreto, recordó que la excongresista del Partido Popular Cristiano (PPC) defendía el Decreto de Urgencia 003-2017, el cual se convirtió en la Ley 30737.Esta norma creaba la figura legal de "la empresa colaboradora eficaz". De esta manera, la constructora brasileña tuvo una ley que la beneficiaba, junto a otras firmas corruptas como Graña & Montero (hoy Aenza).