Frente al embate institucional que supuso la administración del presidente Pedro Castillo entre el 2021 y el 2022, el actual Congreso tuvo algunos aciertos que es justo reconocer. Sin embargo, desde su correcta destitución por 102 votos en el hemiciclo hace poco más de dos años, es difícil encontrar muchas luces en el trabajo parlamentario. Este año que culmina, en particular, fue lamentable.Probablemente lo más preocupante ha sido el debilitamiento progresivo y constante del sistema de justicia a través de proyectos de ley descaminados. El Congreso, por ejemplo, impulsó una ley que eliminaba la detención preliminar en ausencia de flagrancia (error que luego fue enmendado con otra ley parche), un proyecto de ley aprobado en primera votación para que los procesos de extinción de dominio se inicien únicamente "cuando exista una sentencia condenatoria penal firme y consentida", y una norma aprobada por insistencia que menoscaba la colaboración eficaz. Con líderes políticos procesados y otros vínculos aparentes de algunos congresistas con organizaciones al margen de la ley, es imposible pensar que esto no ha sido un esfuerzo deliberado y sistemático.