Unas de cal y otras de arena. La celebrada restitución de la posibilidad del financiamiento de empresas privadas a partidos políticos durante campañas electorales con el fin de evitar la filtración de dinero sucio venía con trampa. En el dictamen, aprobado por la Comisión Permanente el pasado 27 de diciembre por amplia mayoría (22 votos a favor y solo 6 en contra), también se incluyeron modificaciones a las reglas de financiamiento público directo que reciben las agrupaciones con asiento en el hemiciclo. En el artículo 29, inciso 3, del texto sustitutorio, se lee que la subvención estatal, que sale del dinero que aportan todos los peruanos al erario, también servirá para pagarles el sueldo a los abogados que defienden a los líderes de los partidos políticos, algunos de ellos involucrados en procesos penales. (Edición domingo).