Con la impopularidad presidencial empinándose hacia récords jamás vistos en nuestra historia republicana, Dina Boluarte anunció con bombos y platillos que su Gobierno había decidido subir la remuneración mínima vital, una medida que destacados economistas y laboralistas desaconsejaban por completo. El golpe será especialmente duro para las empresas más modestas, aquellas que todos los días se debaten por alejarse de la informalidad, pues sus costos de producción se elevarán a partir del próximo año. La presidenta improvisó una ceremonia para firmar el decreto supremo junto con su ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Y, ufanándose de lo que denominó "cifras alentadoras de crecimiento" en nuestra economía, agregó: "No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores". Razonamiento deliberadamente equívoco, pues un indicador de 3.2% -resultado, además, de factores ajenos a su gobierno- constituye una cifra demasiado exigua para cubrir las carencias de un país que necesita retomar la senda del desarrollo y la reducción de la pobreza con que comenzó en las primeras décadas de este siglo. Y por si faltaran mayores argumentos, el propio ministro de Economía, Luis Arista, reconoció durante una conferencia de prensa que esa tasa de crecimiento era insuficiente. (Edición sábado).