La Ley N° 32181, promulgada por el Ejecutivo el miércoles de la semana pasada, no solo es cuestionable debido a que elimina las detenciones preliminares, un punto en el que el Congreso pretende dar marcha atrás, también enfrenta críticas porque estipula que los condenados con más de 80 años de edad, así sean terroristas o purguen una cadena perpetua, pueden solicitar cumplir sus sentencias fuera de prisión; por ejemplo, bajo un arresto domiciliario. Los penalistas Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti, consultados por Correo, han expresado su rechazo a la norma.