En la última sesión de la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto que debilita la extinción de dominio, figura que permite al Estado obtener la posesión de bienes que fueron adquiridos de manera ilícita. En caso de que se ratifique y se promulgue, las modificaciones se aplicarán en todos los procesos en trámite. Actualmente, este tipo de procesos son independientes de los juicios penales.