En la agenda del Congreso hay un tema que no puede postergarse más : la reforma constitucional. Esta posición ha sido reiterada desde diversos sectores, preocupados por consolidar la institucionalidad democrática, y recientemente, en entrevista con El Comercio, por el ex congresista y reconocido jurista Raúl Ferrero Costa.La premisa básica es que el proyecto de reformar la Constitución de 1993 es mucho más conveniente y menos perturbador que convocar una Asamblea Constituyente o desempolvar la Carta de 1979. En el fondo, ambas cartas tienen origen autocrático, pues la primera fue convocada al final del gobierno militar y la segunda por el régimen fujimorista tras el autogolpe. La diferencia es que la de 1993 incorpora instituciones modernas y un régimen económico más acorde al mercado y proyectado a promover la inversión.Además, la oportunidad es propicia para reformar, ahora que estamos en el primer año del nuevo Congreso y cuando se ha ampliado la legislatura justo para revisar la agenda. Lo peor sería esperar los últimos años, cuando los intereses políticos y electoreros de los partidos se imponen sobre las necesidades del país.Una de las reformas más apremiantes es la judicial, para lo cual existe una base sólida en los documentos de la Ceriajus. Según Ferrero, la Corte Suprema debe ser una instancia de casación, es decir que no revise el fondo de los casos sino el procedimiento. Los 20 mil casos que son elevados a la suprema cada año impiden que actúe con eficacia, además de dilatar los juicios. Así, los vocales supremos deben integrar una corte de gran prestigio que dicte jurisprudencia y revise los casos más importantes. La recompuesta Corte Suprema debe ser una instancia final que ejerza liderazgo, destierre la corrupción y devuelva reconocimiento a este poder del Estado.Otra reforma constitucional pendiente es la del propio Legislativo para retornar a la bicameralidad. Hoy la figura de la cámara única ha convertido al presidente de la República en una suerte de segunda cámara y gran dirimente, con poder para observar o no promulgar una ley. En el gobierno de Alejandro Toledo se observaron más de 300 leyes --asumiendo los pasivos correspondientes-- y en el actual pareciera avanzarse en el mismo sentido. En tal contexto, la restauración del Senado implicaría no solo instalar una cámara reflexiva y garante de la calidad legislativa, sino también quitarle al presidente una prerrogativa de corte legislativo que, dentro del espíritu constitucional, solo debe ser ejercida en casos extremos. Otras innovaciones importantes apuntan al fortalecimiento de la figura del presidente del Consejo de Ministros, para permitirle al presidente de la República dedicarle más atención a los asuntos de Estado. Está también la renovación por mitades del Congreso para que su composición sea más representativa y sintonice mejor con el electorado. Y, asimismo, debe optarse por el voto voluntario y la segunda vuelta tanto municipal como regional, de manera que pueda consolidarse la legitimidad y evitar conflictos.Igualmente debe incluirse las reformas para darle autonomía constitucional a los organismos reguladores y evitar que en cualquier momento puedan ser manipulados por el poder político. Deben seguir en la agenda las reformas militar y policial; y, por supuesto, la reforma integral del Estado, que no puede seguir esperando más. Este Congreso tiene, pues, una oportunidad invalorable de remozar la Constitución para servir mejor a los ciudadanos.