La criticada Ley 32181, que deroga la detención preliminar y la limita a los casos de flagrancia, recibió ayer el rechazo de parte de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial, el Congreso que la elaboró y aprobó; y el Ejecutivo que, inexplicablemente, la promulgó, se mostraron en contra de la norma por contravenir la Constitución pues deja a fiscales sin una herramienta necesaria para que pueda investigar delitos como crimen organizado, corrupción y otros. El error del Congreso fue eliminar el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. Con ello, se elimina la detención preliminar y se restringe a los casos de flagrancia, lo cual favorece al crimen, según los representantes de los poderes del Estado que se manifestaron.
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