Fue un cambio "camuflado". El pleno del Congreso aprobó el 6 de noviembre un dictamen para prohibir la detención y la prisión preventiva de policías investigados por usar su armamento en funciones. Sin embargo, el mismo texto incluyó una modificación mucho más drástica y de mayores repercusiones: la eliminación de la detención preliminar en no flagrancia, para todos los casos y todos los delitos.Sin observación alguna, la norma fue promulgada el último miércoles, luego de más de un mes, por el gobierno de Dina Boluarte. Y entró en vigencia ayer. Así, el Poder Judicial quedó imposibilitado para dictar medidas de ese tipo, mientras que la policía y la fiscalía ya no podrán detener a investigados por organización criminal, extorsión, sicariato, corrupción, violación, asesinato, secuestro o cualquier otro delito que no haya sido identificado o captado en tiempo real.