A raíz del horroroso asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, la presidenta Dina Boluarte ha demandado abrir el debate sobre la posibilidad de imponer la pena de muerte a los violadores de menores en nuestro país. Conviene preguntarse en este contexto, sin embargo, cuántas veces hemos escuchado a un político agitar esa propuesta en las últimas décadas y cuántas veces, después de provocar algún barullo, la iniciativa ha sido descartada. ¿En cuántas de esas ocasiones, por otra parte, el llamado ha coincidido con un momento en el que el referido político vivía un trance incómodo o necesitaba levantar su popularidad?Con justa razón, la violación de un niño o niña produce repulsión en la ciudadanía; y si ha conducido a la muerte del menor, una indignación sin límites. En medio de esa rabia e impotencia, someter al perpetrador del crimen a la pena de muerte aparece como una opción viable. Si, como la información disponible sugiere, la drástica medida no actúa como un elemento disuasor del delito, por lo menos le impone a su perpetrador un castigo proporcional al abuso cometido y se asegura que no pueda volver a cometerlo.