Por Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).En los próximos días, el Congreso recién empezará a discutir la Ley MAPE, tema que debió ser central y prioritario, antes que extender el Reinfo. Es penoso constatar que en nuestro país la extorsión y la violencia parecen ser más efectivas que la discusión política de ideas. La minería a través del Reinfo es precaria para la salud y la integridad de cientos de miles de trabajadores. Los mineros ilegales, en muchas ocasiones, para incursionar en concesiones otorgadas por el propio Estado a terceros se valen de actos criminales con excención penal.Además, esta actividad se realiza sin ninguna fiscalización ambiental, laboral o tributaria. Se requiere un análisis más profundo para indagar a cerca del elefante en la habitación: quién financió las asonadas, quién minimiza sus riesgos y responsabilidades, y obtiene el mayor lucro de esta situación ilegal e irregular.Seamos claros: no podría haber mineros en procesos de formalización si no hubieran proliferado las plantas de procesamiento de mineral, todas ubicadas en zonas costeras y autodeclaradas de pequeña dimensión. Todas han obtenido permisos de construcción y operación a través de los gobiernos regionales y, por tanto, están fuera del ámbito de fiscalización del Osinergmin y el OEFA.