La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el caso que involucra a Andrés Hurtado, "Chibolín", se encuentra con orden de ubicación y captura emitida por el Poder Judicial. Ayer, el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva a Peralta por su implicancia en la devolución de lingotes de oro al empresario minero Javier Miu Lei. El abogado Benji Espinoza (defensor legal de la letrada), indicó que su patrocinada pasa a la clandestinidad ejerciendo "su derecho a resistir una detención que considera arbitraria".