El plazo original de inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) era desde el 6 de febrero del 2017 al 24 de julio del mismo año, es decir, 120 días hábiles. Luego vinieron cinco ampliaciones -contando la aprobada por el Congreso el fin de semana-, con lo cual perdió su carácter de medida excepcional y pasó a engrosar la larguísima lista de prórrogas eternas que caracteriza a la regulación peruana.Pese a ello y pasados casi ocho años, los resultados son decepcionantes: de los 90,000 inscritos, solo el 2% logró culminar su proceso de formalización, según la consultora Videnza. Los demás, siguen operando o alquilando sus concesiones mineras sin tributar al fisco. En la práctica, se trata de una disfrazada exoneración al Impuesto a la Renta.El nuevo plazo vence el 30 de junio del 2025, aunque teniendo en cuenta los antecedentes, existe el riesgo de que los congresistas vuelvan a ponerse generosos con los mineros informales y, de paso, con los ilegales, quienes serían los mayores beneficiarios de la poca efectividad del Reinfo. Se supone que para entonces, se habrá aprobado una legislación que reduzca la tramitación burocrática y, por ende, agilice la formalización. Pero los incentivos para que las cosas permanezcan tal como están son muchos y muy poderosos. Entre ellos figuran la oportunidad de seguir eludiendo el pago de impuestos y continuar operando sin respetar normas laborales y ambientales, aunque el principal sería la alta cotización del oro en el mercado internacional. Es decir, se trata de un negocio sumamente rentable: ingresos crecientes y costos de producción muy bajos (respecto de la minería formal). Considerando la mentalidad mercantilista -además de abusiva y delincuencial- que caracteriza a las actividades ilegales, es poco probable que los mineros informales acepten normas que mermen su riqueza.
- [Gestión,Pág. 4] /