El 14 de noviembre, desde Palacio de Gobierno, Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping, inauguraron por todo lo alto el megapuerto de Chancay. Con la inversión del Gobierno chino, el terminal marítimo se perfila a ser el puerto más importante de Sudamérica. Cinco días después, el 19 de noviembre, cuando la pompa que Boluarte se esforzó en mostrar se acabó, cuando el presidente chino se había ido y cuando las cámaras del mundo ya no apuntaban al Perú, volvimos a la realidad. Empezó a circular un documento por los pasillos del edificio de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), en San Isidro. En uno de sus párrafos decía lo siguiente: "Habiendo inaugurado el megapuerto de Chancay, es necesaria la asignación de personal policial". Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, la preocupación de los oficiales y suboficiales que leyeron el comunicado nació cuando vieron que el personal requerido debía ser "voluntario". Para los agentes especializados en neutralizar el tráfico de drogas, el documento fue insólito y vergonzoso.
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