Por Iván Alonso, economista.Todas las voces se levantan cuando Petro-Perú le pide al Gobierno US$500 millones, pero apenas se oyen cuando en el Congreso se discute una serie de privilegios tributarios que le van a costar al fisco S/1.850 millones. Esa es la recaudación que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se perdería si se llegara a convertir en ley el proyecto aprobado antes de ayer en la Comisión Agraria, que reduce al 15% la tasa del Impuesto a la Renta para las empresas agrarias hasta el 2035 y exonera completamente a los "pequeños productores", crea un crédito tributario por reinversión y permite la depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros beneficios. Disciplina fiscal de la boca para afuera.Pero el daño para la economía nacional va más allá del efecto de los privilegios tributarios en el déficit fiscal. Los privilegios crean distorsiones en el uso de los recursos productivos del país. Su impacto en algunas variables, como la inversión en la agricultura, por ejemplo, se hace visible al cabo de cierto tiempo; pero lo que no se ve es lo que se pierde porque la inversión se dirigió, no adonde habría creado más valor, sino adonde había beneficios tributarios que cosechar.