Por Omar Mariluz Laguna, director periodístico del diario Gestión.La reciente aprobación del dictamen que permite el financiamiento privado a los partidos políticos por parte de empresas nacionales ha puesto en el centro del debate un tema clave para la democracia peruana: la lucha contra el financiamiento ilegal. En un contexto donde actividades ilícitas como la minería ilegal dominan el panorama, esta reforma busca ofrecer una vía legítima de sostenimiento económico a los partidos.El problema es evidente. Tras la prohibición del financiamiento privado a raíz del caso Lava Jato, los partidos quedaron desprotegidos, viéndose obligados a buscar recursos en actividades cuestionables. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal movió más de US$10,422 millones entre el 2012 y el 2024, superando a otras actividades ilícitas. Este dinero ha infiltrado la política, debilitando las instituciones y exacerbando la corrupción.
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