Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que, pese a que el cierre del Reinfo es un primer paso, hacen faltan mayores esfuerzos ante la problemática de la minería informal."Un nuevo esquema de formalización no tendría mayor impacto porque el Estado es deficiente en la fiscalización de los inscritos. Por ejemplo, las coordenadas que proveen al Reinfo son inexactas. Varios de esos puntos están en el mar o, incluso, en Brasil o Bolivia", sostuvo. Otra observación, indicó Miguel Inchaustegui, es que la ley MAPE plantea darle fondos a las direcciones regionales de energía y minas para la formalización, pese a que en el pasado esto no funcionó. Por ello, consideró que podría plantearse una fiscalización o monitoreo sobre los fondos que se van a dar. te de los mineros que están inscritos en el registro. Lamentablemente, al darle seis meses más al Reinfo, en la práctica, se dispone tiempo adicional para que los mineros ilegales sigan con sus operaciones con los efectos tan nocivos que traen", comentó.
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